Después de más de dos décadas con un Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal estatutario de los servicios de salud, el Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley del nuevo Estatuto Marco y lo ha remitido al Congreso.
Desde SOMOS Salud Intersindical creemos que es importante hablar de lo que plantea el texto, pero también de lo que no resuelve todavía.
Porque un sindicato no está para aplaudir titulares.
Está para preguntar qué se va a cumplir, cuándo, cómo y con qué garantías.
¿Qué propone el nuevo Estatuto Marco?
El proyecto introduce cambios importantes en materias que afectan directamente a nuestra vida laboral.
Entre ellos, plantea reducir la jornada máxima semanal a 45 horas para el personal que combina jornada ordinaria y atención continuada, y establece un límite de 17 horas de trabajo efectivo para las guardias.
También incorpora medidas relacionadas con los descansos, la conciliación, la movilidad, los procesos de selección, la temporalidad y la clasificación profesional.
Sobre el papel, son cambios relevantes.
Pero aquí empieza la primera pregunta:
¿Qué parte de todo esto se va a convertir realmente en derechos efectivos para quienes trabajamos en los centros sanitarios?
Porque una cosa es aprobar un proyecto de ley y otra muy distinta es conseguir que sus medidas se apliquen correctamente.
Primero: todavía no es una ley en vigor
Conviene dejarlo claro.
Lo aprobado el 1 de septiembre es un Proyecto de Ley, no el texto definitivo que ya podamos exigir como norma plenamente aplicable.
Ahora comienza la tramitación parlamentaria y el contenido puede sufrir modificaciones.
Por tanto, no podemos vender como una realidad algo que todavía está en proceso de aprobación. Y desde SOMOS vamos a hacer precisamente lo contrario:
Vamos a leer la letra pequeña.
Las 45 horas y las guardias de 17 horas: ¿cómo se va a aplicar?
La reducción de la jornada máxima y de la duración de las guardias puede suponer un avance.
Pero hay una cuestión fundamental:
¿Hay plantilla suficiente para hacerlo posible?
Porque si se reducen las horas de trabajo pero no se aumenta ni reorganiza adecuadamente la plantilla, el riesgo es evidente: que la carga de trabajo simplemente se reparta entre menos personas.
Y eso no sería una mejora real.
La propia documentación del Ministerio reconoce que la aplicación de estos cambios tendrá que tener en cuenta la organización de los servicios de salud y las necesidades de personal. Además, el nuevo Estatuto mantiene un importante margen de actuación para las comunidades autónomas.
Por eso preguntamos:
¿Quién va a garantizar que la reducción de jornada no se traduzca en más presión asistencial?
¿Qué planificación de plantillas va a acompañar estos cambios?
¿Qué ocurrirá en los servicios que ya funcionan al límite?
Nueva clasificación profesional: una cuestión que no podemos dejar pasar
Otro de los cambios importantes es la modificación del sistema de clasificación profesional.
El nuevo modelo abandona la clasificación tradicional basada exclusivamente en los grupos A1, A2, C1 y C2 y la vincula a los niveles de cualificación del MECU y MECES.
Esto puede ser un cambio relevante.
Pero tampoco aquí debemos quedarnos con el titular.
Cambiar la clasificación sobre el papel no significa automáticamente cambiar las categorías, las plazas ni las retribuciones.
El propio proyecto contempla que habrá que desarrollar el correspondiente sistema retributivo y establece que, mientras este no se desarrolle, la nueva clasificación no puede suponer por sí misma un incremento del gasto público.
Entonces, la pregunta es obligada:
¿Cuándo se va a producir ese desarrollo?
Y, sobre todo:
¿Qué reconocimiento económico tendrá finalmente cada categoría profesional?
¿Y quién va a decidir cómo se aplica?
Aquí está una de las cuestiones que más nos preocupa.
El Estatuto Marco establece unas bases comunes para todo el Sistema Nacional de Salud, pero las comunidades autónomas mantienen competencias importantes en la organización de sus servicios de salud.
Eso significa que no basta con mirar lo que dice el Ministerio.
Tenemos que mirar también qué hace cada comunidad autónoma.
En Aragón, por tanto, habrá que comprobar cómo se traduce todo esto en el SALUD, en sus categorías profesionales, en sus plantillas, en las jornadas, en los turnos y en las condiciones reales de trabajo.
Porque el mismo derecho no puede convertirse en una mejora en un territorio y en una promesa pendiente en otro.
¿Va a acabar con la temporalidad?
El proyecto también introduce medidas para limitar la temporalidad y mejorar los procesos de selección.
Pero después de años de abuso de la temporalidad, de procesos interminables y de plantillas estructurales cubiertas durante años por personal temporal, creemos que también aquí hay que ser exigentes.
No queremos solamente buenos titulares sobre estabilización.
Queremos saber:
¿Cuándo se convocan las plazas?
¿Cuándo se resuelven los procesos?
¿Cuántas plazas estructurales existen realmente?
¿Cuánto tiempo tendrá que seguir esperando quien lleva años trabajando en el mismo puesto?
La temporalidad no se soluciona con declaraciones.
Se soluciona con plazas, convocatorias y plazos que se cumplan.
¿Y qué pasa con la conciliación?
El nuevo Estatuto también incorpora medidas relacionadas con la conciliación y los derechos de las personas trabajadoras.
Bien.
Pero nuevamente debemos preguntarnos cómo se van a llevar a la práctica.
Porque la conciliación no existe si para poder ejercerla una trabajadora tiene que enfrentarse continuamente a falta de personal, turnos imposibles o dificultades para conseguir una adaptación de jornada.
Un derecho que existe únicamente sobre el papel no es suficiente.
Desde SOMOS no vamos a dar un cheque en blanco
El nuevo Estatuto Marco puede abrir la puerta a mejoras importantes.
Pero también deja muchas cuestiones pendientes.
Y precisamente por eso creemos que ahora empieza otra parte del trabajo.
No vamos a limitar nuestra posición a decir que el Estatuto es bueno o malo.
Vamos a analizarlo.
Vamos a comprobar cómo se desarrolla.
Vamos a exigir que los derechos que recoge se cumplan.
Y vamos a señalar aquello que consideremos insuficiente.
Porque llevamos demasiado tiempo escuchando que determinadas mejoras llegarán «cuando se desarrolle la norma», «cuando se reorganice el servicio» o «cuando haya presupuesto».
Los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública necesitamos menos promesas y más cumplimiento.
¿Qué vamos a vigilar desde SOMOS Salud Intersindical?
Vamos a estar especialmente atentos a:
- La aplicación real de la jornada máxima.
- La reducción efectiva de la duración de las guardias.
- Los descansos y su cumplimiento.
- La planificación de plantillas necesaria para aplicar estas medidas.
- El desarrollo de la nueva clasificación profesional.
- Sus consecuencias económicas.
- La evolución de los procesos de selección y movilidad.
- La reducción de la temporalidad.
- Las medidas de conciliación.
- Y, especialmente, cómo todo ello se concreta en el Servicio Aragonés de Salud.
Porque el Estatuto Marco puede ser un punto de partida.
Pero no puede ser el punto final.
Desde SOMOS Salud Intersindical vamos a seguir haciendo lo que creemos que debe hacer un sindicato:
preguntar, exigir, denunciar y defender los derechos de quienes sostienen cada día la sanidad pública.
Porque no queremos que nos digan que las cosas van a cambiar.
Queremos que cambien.